OAXACA: YA SABEMOS / y II

Si antaño los poetas fueron los guardianes de las metamorfosis, hoy los guardianes de la memoria son unos cuantos periodistas cabales y ciertas personas comprometidas que practican la solidaridad con los demás. El arte más viejo que se conoce es el arte de hacer seres humanos, así en la época actual a veces parezca una práctica inútil, decadente o minoritaria. Y los seres humanos se hacen a través de la remembranza y sus historias: desde los bienes de la cultura hasta las destructivas aberraciones del sistema, desde los sacrificios heroicos de algunos hasta los excesos criminales del poder. En una de las conclusiones de su amargo, pormenorizado y profiláctico informe, la Comisión de la Verdad de Oaxaca señala que “el principal responsable a nivel estatal de la violación sistemática a los derechos humanos en Oaxaca durante el conflicto de 2006 y 2007 es el entonces gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, quien generó todas y cada una de las condiciones necesarias para la operación de grupos armados ilegales, los cuales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura, así como también ordenó y encubrió el uso excesivo de fuerza cometido por sus subordinados”. Y junto con el gobernador criminal ---el peor de todos hasta ahora en la esperpéntica y sistemática genealogía oaxaqueña de malos gobernantes---, señalado tanto por la CNDH como por la SCJN, otros funcionarios estatales son corresponsables: Jorge Franco Vargas, Heliodoro Díaz Escárraga, Lino Celaya Luría, Alma López Vázquez, Sergio Segreste Ríos, José Manuel Vera Salinas, Pedro Ismael Díaz Laredo, Alejandro Barrita, Joaquín Darío Berges, Manuel Moreno Rivas, Daniel Camarena, Pedro Hernández Hernández y Aristeo López Martínez. La CVO consigna que “tanto el Ministerio Público como la autoridad judicial hicieron causa común con el gobierno del Estado para someter a toda costa al movimiento social”. Rosa Lizbeth Caña Cadeza y Evencio Nicolás Martínez Ramírez, procuradores generales de Justicia, y los ministerios públicos Jorge Aquino Reyes, Luis Floriberto Sánchez Castellanos, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Marcelina Catalina Morales Celaya y Wilfrido Bernardino Ortega, junto con los jueces María de los Ángeles Vázquez García, Esteban Fidel Aquino Gijón, Renato Aurelio Cruz Concha, Luis Salvador Cordero Colmenares y Rosalba Morales Lázaro, fueron causantes y actores de una justicia venal y parcializada que calificó de legales las acciones delictivas del gobierno, protegió conductas oficiales ostensiblemente irregulares, criminalizó a las víctimas, falseó declaraciones, alteró documentos y expedientes, desvió investigaciones, exoneró responsables y obligó a los afectados a indagar por su propia cuenta los delitos que sufrieron. En esta lista nacional de la infamia también aparecen como responsables de violaciones graves a los derechos humanos Vicente Fox y Felipe Calderón, expresidentes, los secretarios de Gobernación Carlos Abascal y Francisco Ramírez Acuña, los secretarios de Seguridad Pública federal Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, junto con Ardelio Vargas Fosado, jefe de la Policía Federal Preventiva, en coordinación con el Ejército y la Marina. No queda excluido de ello el mustio y decepcionante Gabino Cué, quien sucedió a Ulises Ruiz y al PRI en gran medida gracias al mismo movimiento reprimido y cuyo gobierno no brindó justicia a las víctimas ni sancionó a los responsables señalados. La Comisión de la Verdad de Oaxaca concluye sus veinticinco recomendaciones exhortando a las víctimas del conflicto social de 2006 y 2007 para extender sus redes de apoyo, desarrollarse y crecer individual y colectivamente “a pesar de los diversos obstáculos impuestos por el Estado”. Esta conclusión de circunstancias, que debe abarcar a todos los protagonistas activos y a todos los simpatizantes de aquella Oaxaca heroicamente insurrecta, condensa el pesimismo de la inteligencia crítica y el optimismo de la voluntad común. La acción bifronte de una resistencia popular que contemplada en el tiempo vive tanto cuentas cortas coyunturales, como cuentas largas estratégicas. En ella, lo mismo que en otros ámbitos del quehacer de la sociedad, los saldos totales son relativos. Hay “caminos misteriosos”, diría Carl Schmitt, que llevan a la gente a ganar habiendo aparentemente perdido. En estas cuentas distintas obrará Cuando el Estado aplasta, una lección moral, una memoria pública, un ya sabemos colectivo. Fernando Solana Olivares