LA VEJATORIA CORTE

Será “legal” porque esté jurídicamente fundado, pero el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del gobernador Mario Marín y en contra de la periodista Lydia Cacho es aberrante. Su formalismo, si lo hubo, privilegió los detalles del asunto para obtener la impunidad del gobernador facineroso y declarar, urbi et orbi, implícita pero inequívocamente, la completa indefensión de la periodista gangsterilmente agraviada.
Más lo que ella representa: la libertad de escribir y decir, sin duda, pero quizá antes que ese derecho esencial, uno de los pocos que hacen tolerable al tiempo histórico actual, Lydia Cacho encarna la valiente y admirable defensa de los niños y las niñas explotados sexualmente en nuestro país, segundo lugar productor de pornografía y uno de los primeros en prostitución infantil y turismo sexual del mundo. No puede argüir la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tal no era también el caso que se ventilaba, implícita pero inequívocamente, pues había dado origen al secuestro de Lydia Cacho orquestado por Mario Marín y sus cómplices, el patibulario Kamel Nacif entre ellos.
¿De qué sirve un tribunal supremo si no es para considerar todas las causas concurrentes en el asunto que juzga, así deba obviar la formalidad de ciertas leyes menores para cumplir simplemente con la ley mayor, que además de estar constitucionalmente escrita responde al sentido común, a aquel que sostiene o derrumba sociedades? ¿No se dan cuenta los jueces del significado y el impacto colectivo de lo que discuten y resuelven? ¿No es acaso tarea suya, siendo altos magistrados altamente pagados con dinero público como son, definir en última instancia litigios y cuestiones que sentarán jurisprudencia y al fin y al cabo definirán usos éticos para toda la sociedad?
Se aperciban o no los jueces de ello ---es muy grande la pérdida del sentido de realidad que el poder y las dignidades provocan---, el mensaje semántico de su sentencia exonerante resulta pavoroso. Y no por lo que no hay en ella sino por lo que fue sostenido por la mayoría de jueces que fundamentó estas conclusiones: primero, que no hay vínculo alguno entre el caso y las redes de pederastia y pornografía infantiles, a pesar de que podría pobrarse la relación al respecto de Marín a través de Nacif, socio de Succar Kuri, uno de los pederastas ahora preso y denunciado en el libro de Lydia Cacho Los demonios del Edén; segundo, que no son suficientes las pruebas para confirmar la responsabilidad del bárbaro gobernador poblano en la persecución y secuestro de la periodista a solicitud de su asociado Nacif; tercero, que las 30 horas del aterrador viaje desde Quintana Roo hasta Puebla, rodeada de ocho hombres armados que la detuvieron sin mostrarle orden alguna, no suponen una violenta tortura para la víctima y tampoco un acto castigable para la ley; cuarto, que la impunidad de los poderosos es la verdadera justicia en este país.
Si existe la ley del karma, esa retribución que indica que toda acción actual provocará una condición futura, seis de los jueces de la Suprema Corte pagarán un yerro que, digan las formas procesales lo que digan, resulta una inmoralidad: Aguirre, Azuela, Ortiz Mayagoitia, Valls, Luna y Sánchez Cordero, esta última una glamorosa jurista que ni siquiera por solidaridad de género, por sentimientos maternos reales e imaginarios o por mero buen gusto se abstuvo de construir retóricamente la exoneración expresa de Mario Marín y con ella la condena tácita de Lydia Cacho y de todo el asunto del cual se trata: esta extrema podredumbre institucional, oligárquica, política y sexual que vuelve a quedar intacta e impune una vez más. Cosa juzgada, dicen estos jueces a la mexicana. ¿Será?
Parece darse una simetría entre esta sentencia vergonzosa y aquella otra del insuperable Tribunal Electoral que no hace mucho tiempo afirmó que la intromisión foxista en el proceso era punible pero no lo suficiente para aplicar la ley. Acaso los ministros no se dieron cuenta, ni en ésta ni en aquella ocasión, de los degradantes efectos públicos que sus resoluciones provocan. Las sociedades tienen éxito mientras sus miembros creen en ellas. ¿Cómo apostar por la viabilidad de un sistema institucional que está al servicio de los intereses particulares, sometido a los poderes fácticos y a sus presiones y cabildeos, incapaz de actuar decente y republicanamente para tutelar el bien común?
Echando mano de nuestra idiosincracia no habría que ponerse tan melodramáticos: así ha sido y, hasta cierto momento que parece cada vez más cercano, así seguirá siendo hasta reventar. Existen momentos donde la palabra resignación se pronuncia distinto: reasignación. Ya advertía el viajero Emilio Cecchi que “México no es alegre. Pero es mejor que alegre: está lleno de una furia profunda”. Quizá la razón de ello sea la impunidad que como columna de acero, como vértebra estructuradora corre a lo largo de una historia nacional donde los poderosos y sus ministros en turno se atreven a cualquier cosa pues cualquier cosa les está permitida.
Hace años un colombiano de mente plena ---abundantes conceptos y abundantes experiencias--- explicó que su país tendría remedio hasta que terminara de pudrirse. Fue una manera de señalar que las culturas sólo cambian mediante la catástrofe. ¿Pero qué pasa cuando la catástrofe de un país se expresa en su cultura jurídica y en la frivolidad de sus jueces supremos, como ocurre en este caso? Acaso más temprano que tarde esa furia profunda se verá.

Fernando Solana Olivares